La contrarreforma universitaria de
Wert
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Ramón
Zallo
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24/02/13
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Se ha publicado el informe (84 páginas) que una
Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la
Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de
reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas
y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de
la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi
todos en su contra.
Hay dos previos que cuestionan ya de origen la
propuesta de Reforma Universitaria.
Por una parte, es prematura. Plantearla cuando
todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos
es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación.
Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero
es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la
que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías
absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de
un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.
Por otra parte, no hay fondos. Los expertos
del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente
existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras
latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que
recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i,
cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel,
dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de
poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación,
pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa
mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.
Querer organizar la “excelencia” sin
recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma
voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado,
identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a
las universidades públicas a comportarse como privadas.
Aspectos positivos pero maleables
El informe tiene algunas cuestiones
positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.
Por ejemplo, la conveniencia de una cierta
especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse
en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones
de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones
externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad
a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer
caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el
segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la
igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para
financiarlas….
Cuestiones muy discutibles
En lugar de un modelo equilibrado de
Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación
profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo
intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable
racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una
privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la
Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también
pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público
universitario.
Igualmente, propone una doble vía de acceso
del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial
y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo
si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se
ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el
personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante
sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la
estabilidad, como cabe deducir del informe.
Asimismo, no se contemplan algunos precios:
los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se
construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la
propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel
competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.
Propuestas inaceptables
Si hay temas que dependen de su aplicación y
otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por
concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución
es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos
de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.
La razón de ser básica de la universidad es la
transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia.
Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación
–la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la
docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al
desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad
más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios
de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para
formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos
últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.
Tampoco se entiende que, para la promoción
interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió
por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.
Pero el mayor problema del informe es la
contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista,
piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo
Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos
miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la
Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su
Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”,
“empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los
círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del
estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro
por estamento.
Pero es que además ese órgano elegiría
al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura
verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el
sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que
haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada
Universidad.
Es sabido que el funcionamiento de la
Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser
lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base
de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige
directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La
reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo
en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro
elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los
estamentos.
Una reforma debería esperar algunos años y,
mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias
y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y
estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones
a la investigación … La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas
que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5703
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU
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martes, 26 de febrero de 2013
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
Etiquetas:
Docentes,
Neoliberalismo,
Sistema Educativo,
Universidad
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