Por otra
universidad democrática
Malabá
Ediciones / Rebelión
19-05-2013
Capítulo
del nuevo libro Educación Pública: de tod@s para tod@s
El texto que
aquí presentamos –tras la reciente Huelga General Educativa del 9 mayo– es un "informe
colectivo" sobre la reforma universitaria, redactado con la información
disponible a fecha de Diciembre de 2012. Entonces no se había publicado en el
informe de expertos del ministro Wert pero, sin embargo, viene a poner en
cuestión al mismo. Podríamos decir que se trata de una "addenda" a
priori, una respuesta anticipada mucho más crítica, con cierto contenido
pedagógico y con la clara intención política de abrir el debate sobre la
necesidad de organizarnos para abrir un proceso educativo constituyente. Este
artículo ha sido publicado como capítulo en el libro “ Educación Pública: de tod@s para tod@s ”
prímer título de Malabá Ediciones , coordinado por Javier
Diez y Adoración Guamán. Como indica su subtítulo, Las claves de la marea
verde, el libro intenta ser una herramienta para las mareas ciudadanas que
se enfrentan hoy día a la ofensiva neoliberal contra la educación y la sanidad
públicas.
“No pretendo que la educación sea un mundo al
margen de la ideología”
Jose Ignacio Wert
Ministro de Educación
Diciembre 2012
Con el desarrollo en España de un precario e
insuficiente “Estado del Bienestar”, la Universidad sufrió un proceso de
masificación, ya que el sistema productivo necesitó entonces una mayor cantidad
de mano de obra cualificada, a la vez que las clases sociales que no podían
entrar en la Universidad exigían su derecho a pertenecer a la misma. Nacía
entonces la “Universidad de masas” y lo que se conoció como “la crisis
universitaria” producida por este fenómeno de la generalización de la
enseñanza.
Esta masificación pone en crisis una función
fundamental de la Universidad que es la reproducción de la élite y el
mantenimiento de la división social del trabajo, por lo que, quienes gobiernan,
tratan de adaptarla a la nueva situación, procurando una masa de trabajadores
precarios y el restablecimiento de la élite.
Con la progresiva destrucción del “Estado del Bienestar”
y la hegemonía del modelo neoliberal se ha dado un proceso de privatización
endógena, es decir, asemejar la gestión pública de la Universidad a la de una
empresa privada (Nueva Gestión Pública) que lleva necesariamente a una
privatización exógena, es decir, poner la Universidad pública al servicio del
Capital: la Universidad-empresa.
1. Modelo productivo períférico y sistema educativo
segregador
El sistema educativo siempre está, por definición,
insertado en el conjunto de una determinada sociedad y por tanto no está al
margen, sino que está interrelacionado con el sistema económico y político de
cada sociedad. Es decir, las instituciones educativas se ven configuradas por
la lógica de la sociedad a la que pertenecen.
En el caso del sistema productivo español, las
necesidades de la oligarquía del país desarrollan actualmente dos tendencias
con respecto al sistema educativo: privatización, o ataque en tanto que
servicio público; y mercantilización, o ataque en tanto que pieza del sistema
productivo.
Es decir, el carácter periférico del capitalismo
español (fundamentado en la terciarización y crecimiento basado en la
construcción) estructura una de sus líneas de acumulación de beneficios, por
una parte, en la absorción de la cuota de mercado que supone la educacióni
y, al mismo tiempo, al ser incapaz de fletar un tejido industrial y productivo
autóctono, recurre a políticas de ordenación del sistema educativo tendentes a
la descualificación en masa de la futura mano de obra.
Esta coyuntura de primacía del sector terciario, con
especial preeminencia del turismo y la construcción, es un factor clave para
entender las desventajas estructurales del estado español (en especial si se compara
con su entorno de la zona euro), como la elevada tasa de abandono y fracaso
escolar.ii
El recrudecimiento de la crisis capitalista en nuestro
país acelera estos procesos de ataque a la educación pública. La inversión en
educación pasó de 2011 a 2012 a más de 600 millones de euros menos, y a 300
millones menos para el periodo de 2012 a 2013. Conviene recordar que el
presupuesto de 2011 (gestionado entonces por el PSOE) supuso un descenso de más
del 7% con respecto al año anterior. Estos recortes presupuestarios reflejan el
poco interés de la oligarquía por financiar un sistema educativo que
proporcione un futuro a sus jóvenes y unas condiciones de cualificación
similares a las del entorno europeo.
Lógicamente este panorama de infrafinanciación pública
del sistema educativo tiene su contrapartida en el papel subsidiario por parte
de fondos de la UE y del sector privado. La financiación pública de los centros
privados creció un 30% de 2005 a 2010 según el INE; sin embargo, del total de
unos ocho millones de escolarizados en la enseñanza no universitaria en 2012,
en torno al 70% lo hacen en centros públicos, porcentaje que aumenta debido a
los efectos de la crisis. Tenemos por tanto una tendencia hacia la
configuración de la pública como red asistencial de la privada-concertada,
consolidando un modelo elitista y segregador.
2. “Economía del conocimiento”: un cuento poco
creíble.
La “economía del conocimiento” es un concepto clave
repetido constantemente en el discurso oficial, puesto de moda especialmente en
la era del boom de la “nueva economía”. Consiste en transformar la economía de
la producción de bienes a la producción de servicios, donde el “valor añadido”
resida en el conocimiento.
Sin embargo, el tránsito hacia la producción de
servicios inmateriales hay que valorarlo críticamente, ya que algunos de los
productos más rentables son los nuevos bienes físicos (teléfonos móviles,
reproductores, etc.), las economías más exitosas son todavía aquellas que
crecen en base a la producción y exportación de bienes manufacturados, “y el
neoliberalismo necesita trabajadores cualificados, pero descansa sobre todo en
la existencia de un ejército de reserva mundial no cualificado, mal pagado, sin
seguridad en las condiciones de trabajo”. (Sevilla, 2012)
Hay una parte de “verdad” en la “economía del
conocimiento” y es la alta cualificación que se exige en algunas ramas de la
producción para reducir costes y aumentar la competitividad de los trabajadores
a nivel global. Pero el capitalismo español es un capitalismo parasitario y
dependiente del extranjero, por lo que dicha “recualificación” consistirá en
una “descualificación” de la fuerza de trabajo para una mayoría, consistente en
la reducción de los contenidos académicos y de la duración de los grados; y una
mayor cualificación para una minoría, consistente en el ensanchamiento de las
opciones de másters y su mayor encarecimiento. De esta manera, se adaptan los
futuros trabajadores y trabajadoras al mercado laboral realmente existente, en
el que sólo se exige una alta cualificación a una minoría, debido a las
innovaciones tecnológicas, reproduciendo la división social del trabajo. De ahí
la certeza de la consigna estudiantil “ni escuela de élites ni fábrica de
precarios” como la necesidad de plantear la defensa de la Universidad
pública en relación a la precariedad laboral para los sectores juveniles de
nuestro modelo productivo.iii
Para hacerse una idea del poco interés del gobierno
español por incentivar esta supuesta modernización económica no hay más que ver
la inversión en I+D. O más bien la financiarizacióniv
de esta actividad, pues los recursos destinados en los últimos años han sido
fundamentalmente activos financieros, sobre todo préstamos a reembolsar. Es
decir, que en 2011 dos tercios del gasto en I+D no se corresponden al gasto
público real en esta materia sino a distintos activos a ejecutar vía préstamos
o créditos Por poner un ejemplo, en 2010 sólo se ejecutó un 69% del presupuesto
de este apartado (CCOO, 2012). v
Por otra parte, el aumento de financiación de los
centros de investigación pública en el periodo anterior a la crisis ha de ser
cogido “con pinzas”, puesto que los datos están muy distorsionados al ser la
ejecución de presupuestos notablemente inferior a sus partidas originales por
la preeminencia financiera. En todo caso, desde 2008 a 2011 la financiación de
los centros de investigación cayó en más de 1500 millones de euros.
No se trata, como se ha visto, de apostar por la I+D+i
como nuevo motor económico en el que invertir los recursos públicos, sino de
aprovechar la coyuntura de crisis económica para desplazar la fuente de
ingresos del capital al terreno de la producción científica y tecnológica y,
obviamente, no a costa de aumentar la inversión en este sector y apostar por su
desarrollo ligado a los intereses de la mayoría, sino precisamente de adaptarlo
a las necesidades de un modelo de acumulación basado en la precarización y
desposesión generalizada de derechos.
3. Precarización, endeudamiento y pérdida de derechos
Para el estudiantado universitario el curso 2012-2013
comienza marcado por la brutal subida de tasas que se aprobó con el RD 14/2012
en abril de 2012. El aumento de precios nos sitúa como el octavo país más caro
de la Unión Europea en los estudios de grado, y el 7º en los de máster,
mientras que en ocho estados miembros de la Unión Europea los estudios de grado
son gratuitos.
El ‘tasazo’, que se ha aplicado de forma desigual en
las distintas CCAA, hace especial hincapié en las segundas y terceras
matrículas. Esto, unido a la asistencia a clase obligatoria y el método de
evaluación continua implantado con Bolonia, cambia la concepción que se tenía
hasta ahora de la Universidad como un espacio donde desarrollarse como persona
y no sólo académicamente, buscando disciplinar a los estudiantes de cara al
mundo laboralvi.
Este encarecimiento tenía como justificación el hecho
de compensarlo con una mayor inversión en becas. Sin embargo, como revela un
informe del Observatorio del Sistema Universitario, son precisamente los países
con matrículas más caras los que menos posibilidades de beca ofrecen a sus
estudiantes. En concreto, en España tras el ‘tasazo’ sólo un 23% de los
estudiantes universitarios recibe beca. Este hecho, sumado a las posibilidades
de un severo endurecimiento de las condiciones de permanenciavii,
abre vías en un futuro próximo a la incorporación de mecanismos de
endeudamiento como existe en otros países del mundo.viii
América Latina es un ejemplo claro de este proceso. En
Chile se estima una media de endeudamiento de 40000 dólares por estudiante al
finalizar los estudios universitarios, endeudamiento ligado a créditos con aval
del Estado para los colectivos sociales más vulnerables y con unas condiciones
de devolución más “asequibles” o en su modalidad más radical de crédito CORFO a
cargo directamente de entidades bancarias y financieras que en muchos casos
alcanza un tipo de interés anual del 9 %. Otro ejemplo es Colombia, donde fue
directamente el Estado el que creó una institución oficial encargada de
distribuir el crédito estudiantil, el ICETEX, cuyos efectos han sido y son
brutales sobre el estudiantado. Los tipos de interés de los préstamos han
alcanzado el 24 % en algunos casos, dato que está necesariamente relacionado
con el negocio especulativo que supone la compra-venta de los activos
financieros estudiantiles por parte de entidades privadas. O en EEUU, donde la
deuda estudiantil alcanza cifras de miles de millones de dólares e incluso
supera a la hipotecaria.ix
En torno al endeudamiento estudiantil en nuestro país,
los préstamos renta introducidos por el gobierno del PSOE fueron un primer paso
para la apertura de créditos de financiación de los estudios de máster que, con
unas condiciones de pago más o menos favorables, alcanzaron en 2011 un interés
anual de más del 5%, y su suspensión por el ministro Wert va ciertamente en la
línea de replantearlas como líneas de crédito en unas condiciones de devolución
similares a créditos hipotecarios. De hecho, el ministro Wert se ha manifestado
proclive a desarrollar con el ICO una línea de crédito estudiantil.
Este proceso de financiarización de la Universidad
tiene una de sus patas de apoyo contemporáneas en el mecanismo de extorsión de
la deuda: si las Administraciones Públicas reducen año tras año el presupuesto
de las universidades, debido al dogma neoliberal constitucionalizado del
equilibrio presupuestario y de la reducción del déficit, estas por su parte
tienden a contratar líneas de crédito con entidades bancarias y/o subir las
tasas para obtener liquidez inmediata, externalizar servicios, despedir a
trabajadores, precarizar los contratos laborales, fusionar centros, etc lo que
conlleva a una privatización encubierta.
Es la lógica del endeudamiento y la externalización
que solo cuadrará las cuentas a corto plazo mientras que, a medio y largo
plazo, el pago de la deuda y sus intereses se convierten en la soga de
subyugación de la Universidad a los intereses del capital financiero. De hecho,
en caso de “desequilibrio presupuestario”, los gobiernos autonómicos - según lo
previsto en el RD14/2012 - podrán intervenir las cuentas de las universidades y
lo más probable es que haya fusiones de las mismas, como ocurrió con las Cajas
de Ahorros.
Además, la dependencia del sistema universitario con
respecto al capital financiero es ya altamente notable en la concesión de
determinadas becas por entidades privadas como es el caso de la fundación
Universia ligada al Banco Santander. Esta fundación concedió sólo en el primer
semestre de 2012 más de 20000 becas-préstamo destinadas sobre todo a
estudiantes latinoamericanos para realizar estudios de posgrado fuera de su
país. Dicha fundación agrupa a miles de universidades del continente
latinoamericano así como de España y Portugal en una red de financiación
subsidiaria de becas y, en muchos casos, de mecenazgo privado de las
universidadesx.
Esta estrategia de hacer negocio con la Universidad se
da también en otros servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales
etc. que eran ajenos a las lógicas del mercado. El capital financiero hace
negocio a costa de la desposesión de derechos de las mayorías sociales
reconocidos y conquistados con años de lucha, lo que refleja el carácter
parasitario del capitalismo español así como su dependencia del sector
financiero y del capital extranjero.
4. Un fantasma recorre Europa: la privatización de la
educación superior
Como apuntábamos en las primeras líneas del texto, ya
se ha dado en parte y continúa en marcha el proceso de privatización endógena
de la Universidad Pública, es decir, la asimilación de las estructuras de
gobierno y de gestión de la Universidad a las de una empresa privada, con la
pérdida de la - ya escasa- democracia universitaria que esto conlleva.
(Internacional de la Educación, 2007)
En España, con la reforma de la Ley General de la
Educación de 1970, la Universidad se adaptaba a la nueva situación de
masificación, pero no fue hasta el establecimiento de la transición y la
Constitución del 78, cuando se plantea modernizar la Universidad del régimen
franquista por lo que, en 1983, se aprueba la Ley de Reforma Universitaria
(LRU)
Dicha reforma avanza en algunas cuestiones
democráticas exigidas en la lucha antifranquista, pero también introduce
ciertos aspectos de esta nueva Universidad, la Universidad-empresa, como la
figura del Gerente o el Consejo Social como órgano de relación con “la
sociedad”. Posteriormente, a lo largo de los años 80 y 90, se introduce la
Selectividad y las Universidades privadas empiezan a crecer por todo lo largo y
ancho del Estado.
Durante todo este tiempo numerosos lobbies
internacionales fueron definiendo como debía ser esta nueva
“Universidad-empresa” que tiene como referencia el modelo neoliberal
universitario, el anglosajón. En la última década se han ido dando los pasos
normativos necesarios (LOU, LOM-LOU, Reales Decretos, Estrategia Universidad
2015) para preparar el terreno para el establecimiento de esta nueva
Universidad en España, que previsiblemente saldrá a la luz en forma de ley en
los próximos meses.
Este modelo universitario tiene total coherencia con
la propuesta de la LOMCE, en el que el Estado pasaría a dirigir la educación
con criterios privados: “derecho a la libertad de elección” como manera
encubierta de financiar la educación privada y hacer de la pública una
educación subsidiada de esta, “financiación por resultados” como incentivos
para alcanzar determinados resultados, “competencia entre los centros” para
crear centros de primera y segunda, “flexibilización” de las relaciones
laborales que consolide y aumente la precariedad, etcétera.
Los primeros pasos de esta reforma empresarial se han
dado tanto en la educación pre-universitaria en Andalucía (Merchán Iglesias,
2012),como con la reforma con carácter de urgencia de la “Ley Andaluza de
Universidades”, que le da más poder a los “Consejos Sociales”. (Gómez, 2011).
Dichos Consejos nacieron con el objetivo de
representar a la sociedad, pero realmente son el brazo político-económico del
sistema y su objetivo es ganar más poder en las diferentes Comunidades
Autónomas (donde pueden aumentar sus competencias) para ser el futuro órgano
que gobierne a la Universidad desde arriba, tal y como indica el documento de
Gobernanza de la Fundación CyD, vinculada al Banco Banesto y Santander. (CARE,
2011) El próximo paso se está dando en Cataluña, donde se ha formado una
“Comisión de Gobernanza” que ha definido el modelo de Universidad, planteando
la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.
Dicho modelo reduce los órganos democráticos de la
Universidad a la mínima expresión, dándole un gran poder al Patronato, que es
como el régimen franquista llamaba a los Consejos Sociales en la reforma
universitaria de 1970. El Rector, ahora un directivo profesionalxi,
sería nombrado por el Gobierno y este nombraría a todos los que están por
debajo, es decir, una reforma a todas luces antidemocrática.
Es relevante el uso que hacen del término “autonomía”,
pues si en otros tiempos ello significó una garantía de la independencia de las
Universidades con respecto a los poderes externos, ahora significa una
autonomía con respecto a lo público para hacerla depender aún más de los
intereses de los grupos empresariales. La perversión del poder con el lenguaje
es tal que todo rechazo a este tipo de reformas es tildado de “conservador”:
para el discurso oficial eliminar la democracia es sinónimo de progreso.
Por otro lado, se pretende crear un “sistema integrado
de información” que muestre la contabilidad de las Universidades, medida con
determinados indicadores económicos con el fin de que cualquier institución,
pública o privada, sepa con detalle cómo se está gestionando la Universidad,
cuales son sus puntos fuertes y débiles a la hora de atraer capital privado.
Todo esto guarda una especial relación con el tema de
los conocidos “rankings universitarios”. Dichos rankings, como si de una liga
de fútbol se tratara, miden la calidad de las Universidades a nivel mundialxii,
existiendo una amplia variedad de criterios a la hora de medir esa “calidad”,
pero coincidiendo en los primeros puestos las Universidades con mayor capital
privado y gestión empresarial. (Usher, Savino, 2006)
5. Por un proceso constituyente educativo y social
En los próximos meses se agudizarán los ataques a la
educación pública con la tramitación parlamentaria de la LOMCE, el informe de
expertos de la reforma universitaria, la implantación progresiva de préstamos
estudiantiles y una próxima reforma legislativa de la ley de Universidades.
Del análisis hasta aquí realizado podemos extraer la
conclusión de que los ataques contra el derecho a la educación superior, bajo
formas de mercantilización y privatización, son consustanciales al modelo
neoliberal y por tanto, para enfrentarlos, necesitamos de instrumentos
organizativos permanentes. Esto no quita que haya momentos donde la prioridad
sea centrarse en reivindicaciones concretas, específicas, y a través de frentes
asamblearios más flexibles e inclusivos. Pero frente a los ataques del actual
capitalismo necesitamos estructuras estudiantiles que no aparezcan y
desaparezcan, sino que acumulen y transmitan la experiencia de los diferentes
ciclos de movilización estudiantil.
En el ámbito institucional, el Consejo de Estudiantes
Universitario del Estado (CEUNE) ha demostrado ser un obstáculo, una
herramienta de control del movimiento estudiantil desde arriba, por lo que es
necesario una ruptura desde abajo. Para ello es necesario consolidar una
estructura permanente que sea capaz de trazar una estrategia de coordinación
que supere todo lo anterior, que vaya de la mano del movimiento estudiantil y
sea capaz de constituirse en una herramienta válida para los estudiantes.
En segundo lugar, se nos impone huir del corporativismo
educativo y construir movilizaciones sociales por la educación. Los discursos
academicistas deben volver a los despachos de los que salieron: estar a la
altura de la circunstancia histórica nos exige enmarcarnos en discursos
políticos mucho más amplios que planteen la necesidad de un cambio en el modelo
social, esto es, asumir reivindicaciones que pasen necesariamente por un cambio
de las reglas de juego del Régimen. No se nos debe escapar que reclamar a día
de hoy una Universidad pública para garantizar el acceso a la educación
superior significa reivindicar un proyecto de país alternativo como, salvando
las distancias, el movimiento estudiantil chileno ha puesto de manifiesto. En
efecto, si afirmamos que las sucesivas reformas educativas del PPSOE han sido
funcionales a un modelo social y productivo (basado en la financiarización de
la economía) que hoy se encuentra en quiebra manifiesta, nuestras
reivindicaciones en el ámbito educativo entroncan con la construcción de una
alternativa social real.
Empezar a construir las propuestas que conformen esa
alternativa real, tanto educativa como social, es una tarea que se nos impone
de forma urgente. Sobre todo, si aspiramos a comenzar a construir un discurso y
unas movilizaciones hegemónicas socialmente que puedan tumbar las próximas
“contrarreformas” que se nos avecinan.
Como estudiantes, nos consideramos herederos de todo
el movimiento estudiantil anterior, especialmente desde la oposición al régimen
franquista en adelante. En la dictadura luchamos por otra educación pública,
democrática, laica, gratuita y de calidad. Nos opusimos al régimen fascista,
luchando por las libertades. En la última etapa del régimen apoyamos a los
profesores no numerarios contra la precariedad y nos unimos al resto de sectores
sociales para conseguir la democracia.
En los 80, nos negamos a que los fascistas fueran los
que “democratizaran” la universidad convirtiéndola en una farsa, y luchamos
contra las políticas educativas del gobierno que pretendían impedir la
generalización de la enseñanza universitaria. En los 90 luchamos por cuestiones
concretas que nos afectaban y en la última década hemos vivido tres ciclos de
movilización estudiantil (Bricall/LOU, Bolonia, Estrategia Universidad 2015)
contra la privatización y mercantilización de la Universidad.
Somos la herencia de un movimiento que, a pesar de su
discontinuidad en ciclos, sigue más vivo que nunca. La Universidad es un
espacio de autonomía y libertad, de investigación y formación. Pero también es
cierto que es un espacio donde se reproducen los valores y las desigualdades
del sistema. Un sistema que cada vez va siendo más evidente que es
profundamente injusto. Es por ello por lo que los estudiantes siempre fueron y
serán una fuerza motora que convierta (y subvierta) el verdadero sentido de la
palabra “Universitas”, la comunidad universitaria, un espacio de
solidaridad de clase entre profesores, estudiantes y PAS.
Y es que el problema no es la Universidad. Lo diremos
las veces que haga falta: el problema es el modelo productivo y político del
país. Por ello hay que celebrar que los estudiantes le disputen las ideas al
régimen establecido.
“Una universidad democrática sólo puede ser aquella
que lucha contra la estructura de clases existente, negándose a la función de
reproducción de la élite y sobre todo a la perpetuación de la división social
del trabajo y en particular a la separación de trabajo intelectual y manual”
Nota preliminar del Manifiesto de Bellaterra, 1975
Cifrada por la UNESCO en unos 2 billones de dólares
anuales a nivel mundial.
Más del 26% de estudiantes abandonaron el sistema
educativo sin finalizar los estudios obligatorios en 2011 y un porcentaje de
inversión educativa muy por debajo del 7% del PIB (media OCDE). A esto habría
que añadir las diferencias interterritoriales del país, ejemplo de ello
son los mejores índices de escolarización en comunidades autónomas donde la
crisis ha tenido un menor impacto por una composición socioeconómica
determinada.
“Pero la táctica que se impondrá no será,
probablemente, la de esa torpe zafiedad. Igual en los USA que en Francia o
España, el poder capitalista se propone enfrentarse a la presión del pueblo
hacia el conocimiento mediante un malthusianismo mucho más sutil. Se trata de
recomponer la Universidad tradicional introduciendo o reforzando barreras
horizontales que produzcan aún más estratificación, estamentalización
intrauniversitaria; graduados de primera, de segunda, de tercera.
Esa política es inteligente: tiende a anular
precisamente el sentido revolucionario de la masificación de la Universidad, a
saber, que esa masificación, al provocar subempleo o paro intelectual, y,
consiguientemente, si el fenómeno se hace crónico, pérdida de valor de cambio
de los títulos y del conocimiento, tiende a destruir la justificación de la
jerarquía en la división del trabajo. La estrategia capitalista reacciona
reforzando la jerarquía ya en la misma titulación, reforzando más el prestigio
ideológico del principio jerárquico. El modelo es el sistema norteamericano.”
Tres lecciones sobre la Universidad y la división del
trabajo, Manuel
Sacristán, Sevilla, 1972
Proceso neoliberal donde el sistema financiero tiene
hegemonía sobre el sistema productivo.
Con respecto a lo que finalmente se destina a
investigación, conviene mencionar que el sector que más recursos absorbe desde
hace más o menos una década es el militar, especialmente en la fabricación y
adquisición de armamento pesado. Actualmente el gasto de investigación civil
supone menos del 40% del total del presupuesto destinado a I+D.
Los distintos gobiernos autonómicos “han escogido” en
qué parte de la horquilla de subida, fijada por el Ministerio, situarse. De
esta forma, el precio de un “máster habilitante para ejercer una profesión
regulada” - es decir, los máster que con ‘Bolonia’ se han convertido en
obligatorios - puede variar desde los 19,11€/crédito en Aragón hasta los
40€/crédito en Catalunya, según datos del Ministerio de Educación. Con la
agudización de la crisis, la horquilla de precios públicos ha ido aumentando
año a año, y el mínimo ha sido cada vez más alto.
Tal como está ocurriendo en algunas Universidades y
recomienda el informe de la ANECA de 2011.
Estas medidas a corto plazo también están suponiendo
cancelaciones de matrícula (“desahucios estudiantiles”) y una desincentivación
en la matriculación en la Universidad, aumentando así la segregación.
Una de las consecuencias más terribles socialmente de
este ataque es el crecimiento de la prostitución estudiantil y la venta de
órganos. La Unión Nacional de Estudiantes del Reino Unido estimaba en 2011 que
al menos un 20 % de las mujeres que trabajaban en clubes de alterne en el país
eran estudiantes universitarias. Uno de los ejemplos más brutales del
empobrecimiento y castigo que supone para el estudiantado la devolución de las
deudas contraídas está en el estudiante británico que se suicidó recientemente
por imposibilidad de hacer frente a una deuda de más de 10000 libras. Una
profesora de la Universidad de Dundee, en Escocia, llegó a sugerir que la
regulación de la venta de órganos en el país podría ser una buena solución para
permitir a los estudiantes costearse el pago de sus estudios.
Así recogía la prensa la intervención de la presidenta
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida
de la Calle, en la XII junta general de accionistas de la fundación Universia
en mayo de 2012: “Desde el estrado y mirando a Botín, le agradeció la valentía
y la iniciativa que tuvo hace tres lustros al crear la división de Santander
Universidades: "Hoy día es importante para las universidades españolas que
alguien que representa a la máxima exigencia de la sociedad civil nos apoye y
haya apostado por nosotros".
Y aplaudió la decisión de diseñar una plataforma como
Universia, que aglutina a 1.232 instituciones educativas de 23 países, "ya
que nos ayuda a cumplir con la misión que la sociedad nos exige". No
quedaron ahí los elogios por parte de la portavoz de los rectores a Botín.
"Cuando hay oscuridad emerges como un haz de luz, nos das confianza para
seguir jugando el papel que tenemos que desempeñar. Queremos ser motores del
cambio que necesita la sociedad española, ya que generamos conocimiento e
investigación", prosiguió. Tras escuchar las palabras de Adelaida de la
Calle, el presidente de Banco Santander se levantó del asiento y besó la mano
de la presidenta de la CRUE.”
Es clave el concepto de “capital relacional” para la
contra-reforma democrática:. Si un ex-directivo de una gran empresa es
“fichado” por una Universidad, le será más fácil a la misma, gracias a sus
contactos, obtener capital privado de dicha empresa.
Al hilo de esto, es interesante señalar que en EEUU no
existe ningún ranking ni agencia de evaluación de las universidades a nivel federal
(como sería aquí la ANECA) y ni mucho menos el presupuesto público para las
universidades se reparte de forma desigual y en función de una clasificación de
méritos, como por el contrario en diversos países europeos ya se ha comenzado a
implantar.
Fuente: Rebelion; http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168371
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